40.000 conductores y 3,5 millones de clientes en Londres se quedan sin Uber

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Transport for London (TfL), la entidad que regula y otorga las licencias del transporte privado compartido en Londres dio un duro revés a Uber. La compañía  no renovará la licencia de Uber para operar en la capital británica en cuanto expire este mes. La compañía, que cuenta con 40.000 conductores y 3,5 millones de clientes en la ciudad, tiene 21 días para apelar la decisión.

La autoridad londinense llegó a la conclusión que Uber "no es apto y adecuado para para poseer la  licencia de operador de alquiler privado". A su juicio, la empresa "demuestra la falta de responsabilidad de la corporación en relación con una serie de cuestiones que tienen implicaciones potenciales para la seguridad pública". La TfL hace referencia a la opacidad de la compañía a la hora de colaborar con delitos criminales graves. 

En este sentido, el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, respaldó la decisión de TfL, organismo que preside, y declaró que "estaría mal seguir emitiendo una licencia a Uber si esto puede suponer un riesgo para la seguridad de los londinenses".

"Quiero que Londres esté al frente de la innovación y la tecnología y que sea un hogar natural para nuevas empresas que proporcionen mejores y más asequibles servicios a los londinenses", afirmó.

"Pero todas las empresas deben respetar las normas y adherirse a los estándares vigentes, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de los clientes", agregó. El alcalde subrayó que "todos los servicios de alquiler privados deben respetar la normativa". 

El presidente de la comisión parlamentaria sobre taxis, el también laborista Wes Streeting, alabó "la valiente decisión" de TfL, y el alcalde e incidió en que la empresa ya ha sido prohibida en otras ciudades de Europa y Estados Unidos.

Streeting recordó que, en el Reino Unido Uber, cuyos conductores son particulares que operan a través de su aplicación, no denunció apropiadamente presuntos delitos de violación y abuso sexual a pasajeros y ha sido, además, demandada por sus empleados por no garantizar los más básicos derechos laborales.